Los de Feijóo han cubo un paso adelante en la negociación de la reforma fiscal previa a los Presupuestos Generales de 2025 al anunciar su apoyo a la aprobación de un mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades. Esta decisión refuerza la postura de Junts y PNV, que se oponen a mantener el tributo a las energéticas, respaldando así la demanda de ERC, EH Bildu y Podemos. Sin embargo, esta medida deja en el aire la aprobación del paquete completo, que incluye también un impuesto a la banca, a las rentas del capital y otros tributos.
El plan fiscal, que debe ser implementado por mandato europeo, busca poner un límite a la competencia fiscal desleal y asegurar que las grandes empresas paguen un mínimo del 15% en Impuesto de Sociedades. Esta directiva europea debe acceder en vigor en España, que se enfrenta a sanciones si no lo hace.
El Gobierno ha visto en esta tramitación la oportunidad de ampliar el paquete y agregar medidas fiscales que podrían facilitar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025, una pieza clave para que Pedro Sánchez pueda continuar con la legislatura. Sin embargo, la negociación se ha vuelto complicada debido a las diferencias entre los socios parlamentarios.
El PSOE, que lidera la negociación en el Gobierno, ha llegado a un acuerdo con sus aliados más a la derecha, PNV y Junts, para extender el impuesto extraordinario sobre la banca por tres años más y aplicar subidas fiscales al tabaco, los hidrocarburos y las rentas del capital. A cambio, se buscaba eliminar el impuesto extraordinario sobre el utilización de las empresas energéticas. Sin embargo, PNV y Junts tienen intereses en este sector, lo que ha generado una fuerte oposición por parte de la patronal Foment del Treball.
El acuerdo de Sumar, que amplía la presión fiscal sobre las rentas más altas y convierte en permanente el impuesto a la banca, no logró incluir el impuesto a las empresas energéticas en el pack. Esto ha generado un choque entre los socios de la izquierda parlamentaria, ya que ERC, EH Bildu y Podemos exigen que este impuesto sea incluido en el paquete.
El problema es que el Gobierno no tiene la mayoría parlamentaria necesaria para sacar adelante esta reforma. En este sentido, los grupos de izquierda están dispuestos a hacer valer sus votos y no ceder ante las presiones de PNV y Junts. Además, temen que el Ministerio de Hacienda limite la reforma a este paquete y no tenga en cuenta otras de sus demandas en la negociación de los presupuestos.
Ante esta situación, el PP ha visto una oportunidad para evidenciar la fragilidad de la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno y hacer más difícil un acuerdo para la reforma fiscal. En un comunicado, el partido de Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado en contra de cualquier subida impositiva, excepto aquellas impuestas por el ámbito comunitario.
Esta postura del PP limita la presión que el Gobierno y los grupos de izquierda pueden ejercer sobre PNV y Junts para incluir el impuesto a las empresas energéticas en el paquete fiscal. Por su parte, el Gobierno no quiere contar con el apoyo del PP en este tema ya que no quiere darle una oportunidad de estar en la foto de la reforma fiscal. Además, el Ejecutivo teme que una posible alianza con el PP pueda poner en riesgo la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, un objetivo clave para la estabilidad de la legislatura.
Con el objetivo de encontrar una solución y lograr el acuerdo, el Gobierno ha decidido desconvocar la sesión de la Comisión de Hacienda hasta el próximo lunes.
