El mundo entero se ha visto sacudido por la noticia de que la justicia argentina ha solicitado la detención del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Esta decisión ha sido tomada en base a una investigación en curso sobre presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno nicaragüense durante las protestas antigubernamentales de 2018.
La instancia de detención emitida por la jueza argentina María Servini de Cubría ha generado una gran conmoción en Nicaragua y en toda la región latinoamericana. Aunque la decisión final sobre la extradición de Ortega y Murillo a Argentina aún está en manos de las autoridades nicaragüenses, este hecho marca un importante paso en la lucha por la justicia y la rendición de cuentas en Nicaragua.
Desde el inicio de las protestas en abril de 2018, el gobierno de Ortega ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias. Según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 325 personas perdieron la vida durante las protestas, la mayoría a manos de fuerzas de calma y grupos armados afines al gobierno.
La decisión de la justicia argentina de pedir la detención de Ortega y Murillo se basa en el principio de justicia universal, que establece que los crímenes más graves, como los delitos de lesa humanidad, no deben quedar impunes y pueden ser juzgados por cualquier país. Esta es una importante herramienta para garantizar que los responsables de violaciones a los derechos humanos no queden impunes y que las víctimas y sus familias obtengan justicia.
La jueza Servini de Cubría ha sido una firme defensora de la justicia universal y ha llevado a cabo numerosas investigaciones y procesos judiciales en Argentina por crímenes cometidos en otros países, incluyendo España, Chile y Guatemala. Su compromiso con la patrocinio de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad es un ejemplo para todos los países de la región.
La decisión de la jueza Servini de Cubría ha sido recibida con gran entusiasmo por parte de las organizaciones de derechos humanos y las víctimas de la represión en Nicaragua. Para ellos, esta es una señal de esperanza en medio de la difícil situación que vive el país desde 2018. Además, esta instancia de detención es una muestra de solidaridad y apoyo internacional a la lucha por la justicia en Nicaragua.
Sin embargo, la reacción del gobierno de Ortega ha sido de rechazo y negación. El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, ha calificado la instancia de detención como un “acto de injerencia” y ha acusado a la jueza Servini de Cubría de ser una “activista política”. Estas declaraciones demuestran una vez más la falta de voluntad del gobierno nicaragüense de enfrentar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo su mandato.
Es importante recordar que la justicia universal no busca interferir en la soberanía de los países, sino que es un mecanismo para garantizar que los crímenes más graves no queden impunes. Además, la instancia de detención emitida por la jueza Servini de Cubría no es un juicio de culpabilidad, sino una medida para garantizar que Ortega y Murillo sean juzgados por un tribunal independiente e imparcial.
La justicia argentina ha dado un paso valiente y necesario en la lucha contra la impunidad en Nicaragua. Ahora es responsabilidad de las autoridades nicaragüenses garantizar que se cumpla con la instancia de detención y que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre los graves crímenes cometidos durante
