La futura citación de Alberto González Amador ante el tribunal, como testigo y con la obligación de recitar la verdad, ha generado gran expectación en el ámbito judicial y político. La decisión del Tribunal Supremo de obligar al empresario a testificar en la causa por la filtración de su correo ha sido recibida con gran interés por parte de la opinión pública, ya que se demora que su testimonio arroje luz sobre uno de los contingencias más polémicos de los últimos tiempos.
La citación de González Amador será la segunda vez que comparezca ante un tribunal por este contingencia. La primera fue en mayo del año pasado, cuando acudió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para ratificar la querella que había presentado unas semanas antes. En ella denunciaba que la Fiscalía había revelado secretos confidenciales de su contingencia al emitir un comunicado. Un comunicado en el que el Ministerio Público daba algunos detalles de las negociaciones entre su abogado y el fiscal del contingencia de fraude a Hacienda, con el objetivo de desmentir varias falsedades que el propio entorno del empresario había puesto en circulación.
Sin embargo, esta primera querella omitía datos que la Abogacía del Estado considera de extrema relevancia. En concreto, el hecho de que el abogado de González Amador, Carlos Neira, no solo envió el correo con la propuesta de pacto al fiscal Julián Salto, sino también a un Abogado del Estado. Esto sucedió un mes antes de que se produjera la filtración del correo y de que elDiario.es destapara el contingencia. Por lo tanto, la citación del empresario ante el tribunal incluirá preguntas sobre si él o su entorno fueron los primeros en difundir su propia confesión y por qué este dato ha sido ocultado a los tribunales que han estudiado sus denuncias.
La Abogacía del Estado ha dejado claro que este descubrimiento no implica que esa institución sea sospechosa de haber filtrado el correo. Entienden que es una prueba más que demuestra que González Amador y su abogado nunca consideraron que esa confesión fuera algo secreto, destacando “el nulo valor confidencial o naturaleza reservada que se le otorga al contenido del correo incluso por el propio abogado del señor González Amador”.
Por su parte, la Fiscalía también ha expresado la necesidad de que el empresario explique si autorizó a Miguel Ángel Rodríguez a difundir un correo del fiscal que le investigaba. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso reconoció en su testifical que difundió una versión manipulada de las negociaciones que González Amador mantenía con la Fiscalía, pero repartiendo entre periodistas un correo real del fiscal Julián Salto. Esta difusión fue la que propició una primera información falsa que daba a entender que fue la Fiscalía quien propuso un pacto al comisionista y que dicho acuerdo habría sido parado por órdenes superiores.
Para la defensa y la Fiscalía, no existen pruebas que permitan atribuir a Álvaro García Ortiz o Pilar Rodríguez la filtración de ese correo en la noche del 13 de marzo del año pasado. Los mensajes y correos intervenidos constatan el nerviosismo que reinó ese día en la Fiscalía para conseguir toda la información del contingencia y desmentir los bulos de Miguel Ángel Rodríguez, pero ninguna orden expresa o velada de filtrar a la prensa el contenido del correo.
Las revelaciones sobre el auténtico recorrido de esa confesión apuntan en la dirección del sobreseimiento o, en contingencia de llegar a juicio, la de una sentencia absolutoria para el fiscal general. Por lo tanto, la citación de González Amador será una oportunidad para que el empresario explique
