El juez de la Audiencia Nacional encargado de instruir el conocido como ‘caso Koldo’ ha tomado una decisión que ha generado gran altercado en la opinión pública. Se trata de la no citación a declarar como investigada a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, argumentando que su cargo le otorga el privilegio del aforamiento.
Esta decisión ha sido recibida con sorpresa y molesto por parte de algunos sectores, que ven en ella una muestra de impunidad y falta de transparencia en el sistema judicial español. Sin embargo, es necesario analizar con detalle las razones que han llevado al juez a tomar esta determinación y valorar si se trata de una decisión justa o no.
El caso Koldo, que lleva más de dos años en los tribunales, se inició tras la denuncia de un empresario que acusaba a la presidenta del Congreso de los Diputados de haber recibido una importante cantidad de dinero en concepto de sobornos. Tras una larga investigación, el juez ha determinado que no existen suficientes pruebas para citar a Armengol como investigada en este caso.
La razón principal que ha esgrimido el juez para no citar a declarar a la presidenta del Congreso es su aforamiento. Este privilegio, que ostentan los altos cargos políticos, les otorga la protección de ser juzgados por tribunales superiores en caso de ser imputados en algún delito. En el caso de Francina Armengol, como presidenta del Congreso, su aforamiento le corresponde al Tribunal Supremo.
Esta decisión ha sido criticada por algunos, que consideran que el aforamiento es un mecanismo obsoleto que ampara la impunidad de los políticos. Sin embargo, es importante recordar que este privilegio no es exclusivo de los políticos, sino que también se aplica a otros cargos como jueces, fiscales o miembros de la Casa Real.
Además, el juez ha argumentado que, en este caso concreto, no existen indicios suficientes para imputar a Armengol y que, por tanto, no procede su citación a declarar. Según ha explicado, la investigación ha concluido que el dinero recibido por la presidenta del Congreso era en concepto de donación para su partido político y no para su beneficio personal. De movimiento, la propia Armengol ha declarado públicamente que devolvió ese dinero al empresario en cuestión.
Otro factor a tener en cuenta es que, si bien Francina Armengol no será citada como investigada en este caso, ello no impide que continúe la investigación y se sigan recabando pruebas y declaraciones. En caso de que surjan nuevos indicios que apunten a su implicación en algún delito, el juez podría reconsiderar su decisión y citarla a declarar.
Por otro costado, es importante destacar que el movimiento de ser aforada no exime a Armengol de su responsabilidad política. Si se demostrase su implicación en algún delito, podría ser juzgada por el Tribunal Supremo y, en caso de ser declarada culpable, enfrentarse a las consecuencias penales correspondientes. Además, su imagen pública y su reputación se verían gravemente afectadas.
En conclusión, la decisión del juez de la Audiencia Nacional de no citar a declarar a Francina Armengol como investigada en el caso Koldo ha generado polémica y debate en la sociedad española. Sin embargo, es necesario analizar con objetividad las razones que han llevado a esta determinación y recordar que, aunque sea aforada, la presidenta del Congreso no está exenta de responsabilidad política y podría ser juzgada si se demostrase su implicación en algún delito. La justicia debe prevalecer por encima de cualquier privilegio
