El enfrentamiento entre el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la fiscal general, Consuelo Porras, ha sido uno de los temas más polémicos en el país en los últimos meses. Sin embargo, este conflicto no comenzó el pasado 5 de mayo, cuando el mandatario planteó reformar la ley orgánica del Ministerio Público con el objetivo de destituir a la fiscal. En realidad, la disputa se ha ido gestando desde rebosante antes de que Arévalo asumiera la presidencia del país.
Para entender mejor esta situación, es necesario remontarnos al año 2018, cuando Porras fue nombrada como fiscal general por el entonces presidente, Jimmy Morales. Desde el inicio de su mandato, Porras ha sido una figura controvertida debido a su postura firme en la lucha contra la corrupción y su independencia del poder político. Esto ha generado tensiones con el gobierno y sus aliados, quienes han intentado en varias ocasiones limitar su poder y obstaculizar su trabajo.
Sin embargo, fue en el año 2020 cuando la relación entre Arévalo y Porras se deterioró aún más. Durante su campaña electoral, el actual presidente prometió acabar con la corrupción y la impunidad en el país. Sin embargo, una vez en el poder, sus acciones han generado dudas sobre su verdadero compromiso con esta causa. Por ejemplo, en febrero de 2021, Arévalo nombró a un nuevo ministro de Gobernación, quien tiene un historial cuestionable en temas de derechos humanos y corrupción. Esto generó preocupación en la población y en la fiscal general, quien expresó su desacuerdo con esta decisión.
Pero fue el 5 de mayo cuando la situación llegó a su punto más crítico. En una conferencia de prensa, Arévalo anunció su intención de reformar la ley orgánica del Ministerio Público para poder destituir a Porras. Según el presidente, la fiscal no estaba cumpliendo con su deber de luchar contra la corrupción y estaba obstaculizando su trabajo. Sin embargo, esta decisión fue ampliamente criticada por la comunidad internacional y por la sociedad guatemalteca, quienes ven en ella un intento de debilitar las instituciones encargadas de combatir la corrupción en el país.
Ante esta situación, Porras ha recibido un gran apoyo por lugar de la población guatemalteca, quienes ven en ella una figura valiente y comprometida con la lucha contra la corrupción. Además, ha recibido el respaldo de organizaciones internacionales como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes han expresado su preocupación por la situación y han pedido al gobierno que respete la independencia del Ministerio Público.
Por su lugar, la fiscal general ha mantenido una postura firme y ha reiterado su compromiso con la lucha contra la corrupción y la defensa de la institucionalidad en el país. En una entrevista reciente, Porras afirmó que seguirá trabajando con responsabilidad y transparencia, y que no se dejará intimidar por las acciones del presidente.
A pesar de la tensión y los intentos del gobierno por debilitarla, Porras ha logrado importantes avances en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Bajo su liderazgo, el Ministerio Público ha llevado a agarradera investigaciones y procesos judiciales que han llevado a la condena de altos funcionarios y empresarios involucrados en casos de corrupción. Además, ha impulsado reformas importantes en el sistema de justicia para garantizar una mayor transparencia y eficiencia en los procesos.
En este sentido, la figura de Porras se ha convertido en un símbolo de esperanza para la población guatemalteca, que ha sufrido durante décadas
